Colombia emprende
lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales
Los bienes culturales forman
parte de la memoria colectiva, contribuyen al fortalecimiento
de la identidad, son el vínculo entre el pasado, el presente
y el futuro.
Los
bienes culturales muebles, patrimonio de cada país, se
han convertido en objeto de un negocio delictivo que trasciende
los límites de la nacionalidad, para enriquecer las redes
internacionales de comercio ilegal. El hurto, saqueo, vandalismo,
las excava- ciones clandestinas, falsificaciones y el tráfico
ilegal, al igual que los cambios socioeconómicos y culturales
como consecuencia de la globalización, son amenazas constantes
para la preservación de los bienes culturales.
En Colombia,
los responsables de salvaguardar el patrimonio cultural son el
Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (ICANH), entidades que trabajan en pro de su conocimiento,
protección, conservación, restauración y
difusión, acciones que se han fortalecido a través
de proyectos orientados a consolidar un manejo eficiente y sostenible
que incorpore el patrimonio cultural como factor primordial en
el desarrollo cultural del país.
En este
contexto y ante la evidente comercialización ilegal, el
Ministerio de Cultura promueve, a través de su Dirección
de Patrimonio, una Campaña Nacional contra el Tráfico
Ilícito de Bienes Culturales, basada en una estrategia
de cooperación institucional y ciudadana, cuyo alcance
es la toma de conciencia de la comunidad nacional e internacional
sobre la dimensión de esta práctica ilegal.
De esta forma, Colombia se une a los programas internacionales
de lucha contra el tráfico ilícito, para impedir
su incremento en el ámbito internacional, regional y
subregional, y facilitar los mecanismos de circulación
legal de estos bienes.
Esfuerzo conjunto
El Ministerio
de Cultura como gestor de la Campaña, convocó
a diversas instituciones gubernamentales, no gubernamentales
y a la comunidad, para que con el apoyo de los países
amigos y la participación de los organismos internacionales,
se logre engranar esfuerzos individuales en beneficio de la conservación
patrimonial. Así se generó la articulación
y participación de instituciones como los Ministerios
de Relaciones Exteriores, y de Comercio Exterior, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional,
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Organización
Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C.- INTERPOL),
la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía
General de la Nación, la iglesia, los museos, las compañías
aéreas, agencias de viajes y turismo, sociedades de intermediación
aduanera, empresas transportadoras, entre otras.
Descentralización
"A
las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización,
autonomía y participación, les corresponde la declaratoria
y manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés
cultural del ámbito municipal, distrital y departamental,
a través de las Alcaldías municipales y las gobernaciones
respectivas y de los territorios indígenas"
En el
marco de la cooperación y autonomía administrativa
y financiera, la descentralización de diversas acciones
es fundamental para que las instancias regionales se responsabilicen
de proteger su patrimonio y puedan desarrollar programas que
contribuyan al logro de los objetivos planteados, contando con
el apoyo y participación del gobierno central.
Los
organismos departamentales y regionales encargados de la cultura,
son las entidades oficiales responsables de proteger el patrimonio
cultural, y se convierten en interlocutores del Ministerio
de Cultura, y en estrecha colaboración con los museos
y las instituciones no culturales, fortalecen, no sólo
la iniciativa del Ministerio, sino los diversos programas regionales
que estén en curso y cuyos objetivos sean concordantes
con las actividades planteadas en la Campaña.
Protección con estrategias
"El
patrimonio cultural de la Nación está constituido
por todos los bienes y valores culturales que son expresión
de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición,
las costumbre y los hábitos, así como el conjunto
de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico,
estético, plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico,
antropológico y las manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular." "(...) pertenecientes
a las épocas Prehispánica, de la Colonia, la Indepen-
dencia, la República y la Contemporánea"
Ley 397 de 1997.
Sobre
los bienes definidos en esta normativa se centran las acciones
de protección a través de tres áreas principales
que se constituyen en el soporte de la estrategia planteada por
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura Colombiano:
el inventario y registro de los bienes culturales muebles como
mecanismo principal de conocimiento; la educación como
pilar fundamental para sensibilizar y capacitar a diferentes
nichos de población y la legislación nacional
y el apoyo internacional como soporte jurídico necesario.
1. Inventario y registro
Promover el inventario de bienes muebles en poder de personas
naturales o jurídicas, es imprescindible para el logro
de los objetivos, partiendo del supuesto que no es posible proteger
lo que no se conoce. En este aspecto se cuenta en Colombia con
el apoyo del Museo Nacional y la Red Nacional de Museos en lo
concerniente a las colecciones ubicadas en estos sitios. La labor
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, es
fundamental en lo referente a la protección de los bienes
arqueológicos y etnológicos y el Convenio entre
el Estado y la Conferencia Episcopal, facilitará, entre
otros aspectos, el inventario del patrimonio religioso.
A nivel
regional se han logrado avances importantes en la identificación
del patrimonio mueble, acciones que deben ser fortalecidas en
los departamentos donde se hayan consolidado estos programas
y en aquellos que no tienen la infraestructura necesaria; con
el apoyo de sus respectivas gobernaciones se podrá iniciar
esta importante e imprescindible labor.
2. Educación
La educación
es indispensable para modificar las actitudes de las personas,
de manera que estas tengan la posibilidad de formar criterios
de apreciación y valoración de su patrimonio e
integrar su protección a los Planes de Desarrollo Social.
Es imprescindible para un gobierno facilitar el acceso de la
población al conocimiento del patrimonio cultural para
garantizar una real protección y valoración, en
procura del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades,
a partir de la apropiación de su herencia cultural. En
este aspecto, Colombia ha trabajado sobre tres ejes temáticos
principales :
- Incentivar y promover la inclusión del tema patrimonial
en la educación básica y secundaria del sistema
educativo, para que a través del conocimiento, valoración
y apropiación de los bienes culturales, la comunidad sea
realmente quien ejerza una verdadera acción de protección
y proyección al futuro.
- Desarrollar programas especiales, como mecanismos de capacitación
dirigidos a estudiantes y docentes, vinculando conferencistas
regionales que trabajen temáticas sobre el patrimonio
local. En este ámbito se contempla genéricamente
el tema del tráfico ilícito de bienes culturales.
La vinculación
a la Campaña Nacional de proyectos juveniles, como el
programa Vigías del Patrimonio Cultural, facilita la participación
de jóvenes y adultos, especialistas y vecinos, con el
propósito común de contribuir al cuidado del valioso
acervo cultural de cada región.
- Capacitación específica dirigida a funcionarios
vinculados a las entidades participantes, principalmente a los
que desempeñan funciones administrativas y técnicas
relacionadas con los temas de importación, exportación,
decomisos e investigación de delitos contra el patrimonio.
Para
este propósito se diseñó en Colombia el
curso "Acercamiento a la valoración y protección
del patrimonio cultural mueble", para ser realizado en las
ciudades con aduanas fronterizas y aeropuerto internacional.
La primera
versión del curso se realizó en Bogotá
D.C., en el mes de mayo del 2000, con participación de
agentes aduaneros, de policía y funcionarios del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior, Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, Fiscalía y algunas galerías.
Este año se realizará en las ciudades de Medellín
Cartagena, Cali y Bucaramanga.
3. Legislación
Para
garantizar la consecución de los objetivos propuestos
por los programas de protección y valoración del
patrimonio, y la efectividad de la Campaña Nacional contra
el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, es requisito
esencial contar con un respaldo jurídico. Colombia cuenta
con diversas herramientas legales de apoyo a la Campaña.
(Ver Referencias)
Cooperación Internacional
El apoyo
de la comunidad internacional, como beneficiaria indirecta de
la estrategia planteada, es primordial para frenar los actos
delictivos que atentan contra el patrimonio cultural. Organismos
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
la Organización Internacional de Policía Criminal
(OIPC), conocida como INTERPOL, el Instituto de Investigación
Getty y la Organización Mundial de Aduanas, conocida como
el Consejo de Cooperación Aduanero (CCA), entre otras,
han centrado sus esfuerzos en la lucha contra estos delitos,
promoviendo diversas medidas enfocadas al fortalecimiento de
las legislaciones nacionales, la adhesión a Convenciones
internacionales, la elaboración de inventarios, el incremento
de la cooperación bilateral con países vecinos
y la seguridad en los museos y sitios arqueológicos.
En el
contexto de la cooperación cultural binacional, Colombia
ha firmado múltiples convenios, en los cuales se hace
referencia al intercambio cultural y al tráfico ilícito
de bienes culturales. Pueden mencionarse los realizados con los
Estados Unidos Mejicanos (1969), Panamá (1984), Uruguay
(1985) Venezuela (1985 y 1996), España (1992), Hungría
(1998), Indonesia (1996), Irán (1997), Lituania (1995),
Rusia (1997), Costa Rica (1996) y recientemente con Perú
(1998) y Ecuador (2000).
Divulgación
La divulgación
eficaz y oportuna de los delitos que atentan contra el patrimonio,
se proyecta a través del Sistema Nacional de Información
Cultural (SINIC), programa que apoya, procesa y genera información,
entre otros aspectos, sobre el patrimonio cultural robado, exportado
ilegalmente, decomisado y restituido, teniendo en cuenta los
estándares internacionales promovidos en la web del Object-ID
(ver páginas 9 y10) a fin de poner a disposición
de la comunidad nacional e internacional, la información
relacionada con los temas específicos.
El interés
manifestado por entidades como los Ministerios de Relaciones
Exteriores y Comercio Exterior, la DIAN, el DAS , la INTERPOL
y la Policía Nacional, facilitarán la divulgación
de la Campaña, a través de sus respectivas dependencias.
Los resultados iniciales de la Campaña, serán expuestos
en el III Taller Regional contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales del 26 al 30 de noviembre del año
en curso, el cual es un compromiso internacional de la Dirección
de Patrimonio, adquirido en la ciudad de Cuzco, en el desarrollo
del II Taller Regional.
Referencias
Ley
36 de 1936. Aprobatoria del Tratado para la Protección
de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos
Históricos (Pacto de Roerich). Entró en vigor para
Colombia en 1937.
Ley
6 de 1972. Por la cual se aprueba la Convención de
Viena sobre Relaciones diplomáticas, hecha en Viena en
abril de 1961.
Ley
45 de 1983. Aprobatoria de la Convención para la
protección del Patrimonio Cultural y Natural. Entró
en vigor a partir de agosto de 1983.
Ley
63 de 1986. Por medio de la cual Colombia adhiere a la "Convención
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
la importación, la exportación y transferencia
de propiedad ilícita de bienes culturales". Convención
UNESCO celebrada en París en noviembre de 1970.
Ley
16 de 1992. Aprobatoria del Tratado entre la República
de Colombia y la República del Perú, para la protección,
conservación y recuperación de bienes arqueológicos,
históricos y culturales.
Ley
340 de 1996. Aprobatoria de la Convención para la
protección de bienes culturales en caso de conflicto armado.
Convención de La Haya de 1954. Entró en vigor para
Colombia en 1998.
Ley
397 de 1997, dicta las normas sobre Patrimonio Cultural Colombiano.
En su artículo 10º, Numeral 4º, prohibe la exportación
de bienes muebles de interés cultural y en su artículo
14 establece la obligatoriedad del Registro, aspectos primordiales
frente a la protección de los bienes culturales contra
la exportación ilegal, los cuales se han contemplado y
definido en la Reglamentación de esta normativa que actualmente
está en proceso
Ley
587 de 2000. Aprobatoria del Convenio entre la República
de Colombia y la República del Ecuador para la recuperación
y devolución de bienes culturales robados.
Otros instrumentos en estudio
Convenio
de UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación
del Derecho Privado), sobre restitución internacional
de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente.
En proceso de establecer un consenso entre el Ministerio de Cultura
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para su ratificación.
Acuerdo
de Florencia (1950) y su Protocolo de Nairobi (1976). Relacionado
con la Importación de Objetos de carácter Educativo,
Científico o Cultural. Diferentes sectores e instituciones
se reúnen para establecer el consenso sobre la conveniencia
o inconveniencia de ratificar el instrumento.
Acuerdo
de Cooperación e Intercambio de Bienes en las Areas Cultural,
Educacional y Científica, promovido por la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Colombia suscribió
el Acuerdo en la Segunda Reunión del Grupo de Río.
En marzo de 1997 se suscribió el Primer Protocolo Adicional
y el Segundo Protocolo está en proceso de negociación.
Cabe resaltar la sugerencia de los países, de suscribir
el Acuerdo de Florencia y su Protocolo.
Maria Isabel Gómez Ayala
Coordinadora Campaña Nacional
Contra el Tráfico Ilícito de Bienes
Culturales
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